La iniciativa del oficialismo porteño de crear un Polo Audiovisual en los alrededores de Palermo se enfrenta, por estos días, a otro plan elaborado por Proyecto Sur y los sindicatos de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), Argentino de Televisión (SAT) y Actores; y la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo de la Legislatura terminó siendo la escena donde la realidad de un sector diverso y precarizado se puso sobre la mesa.

El intenso debate enmarcado en una agenda de trabajo semanal brega por alcanzar consensos antes que culmine el período de Sesiones del año (la primera semana de diciembre) y reverberan en el dicenso respecto a las condiciones y la creación (o no) de una zona privilegiada.

El oficialismo porteño propone definir como industria a la actividad audiovisual en general en toda la Ciudad pero delimitar un distrito en los alrededores de Palermo -para incentivar economicamente esos alrededores- y  garantizar beneficios impositivos para las empresas que en allí residan y/o se instalen.

Con menos glamour que trabajadores precarizados, la iniciativa sectorial propone dar beneficios impositivos a la actividad en toda la Capital Federal, establecer deferencias para las empresas de menor porte, pedir un libre deuda a los beneficiarios y advertir la diversidad de modalidades de trabajo que diferencian a la publicidad, al cine y a la televisión.

La creación de clusters o distritos urbanos que concentren actividades económicas, garanticen beneficios fiscales y motoricen el negocio inmobiliario, se inauguró con la actual gestión porteña en Parque Patricios con la apertura del Polo Tecnológico en 2008. Dos años después, propone dedicarle a Palermo y sus alrededores al sector audiovisual y prepara la escena para impulsar un Polo de Diseño en Barracas en 2011, tomando como epicentro el Centro Metropolitano de Diseño.

Enrique Avogradro, director General de Comercio Exterior porteño y director General de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es uno de los mentores del proyecto que Mauricio Macri presentó el pasado julio en un acto al que asistieron los titulares de las empresas como Ideas del Sur, Endemol, Underground, y otras afincadas en la zona palermitana.

Los principales objetivos son definir la actividad como industria en toda la Ciudad y crear un distrito con beneficios impositivos en el perímetro delimitado por las calles Costa Rica, Crámer, Federico Lacroze, Álvarez Thomas, Forest, De Los Incas, Holmberg, La Pampa, Triunvirato, Combatientes de Malvinas, Chorroarín, San Martín, Paysandú, Warnes, Dorrego, las vías del ex–F.C. San Martín y Juan B Justo.

La excención involucra el ABL y los ingresos brutos durante 10 años, que se extendería a 15 para quienes acrediten capitales nacionales, aplicables de inmediato a quien desembarque en la zona y luego de dos años a quienes hoy ya están establecidas en el lugar. Entre sus cálculos, este costo fiscal oscilará los 200.000.000 pesos, recuperables en tres años.

El proyecto presentado por el oficialismo porteño no distingue, por ejemplo, entre productos comerciales o artisticos, los dedicados a la publicidad, al cine o la televisión. Y, allí, radica una de las grandes críticas que le propinan los trabajadores.

Aunque Avogadro asegura haberse reunido con todos los sectores, el documento no termina por representar las necesidades cabales de la actividad. Inclusive, asociaciones como la de Cine y Medios Audiovisuales (Aprocinema), no fueron convocadas y están desentendidas del asunto.

A mediados de octubre, los sindicatos SICA, SAT y Actores, de la mano de los legisladores del bloque Proyecto Sur Fabio Basteiro y Laura García Tuñón presentaron otro proyecto porque «aunque fueron consultadas para el plan oficial, sus observaciones fueron desoidas» e introdujeron definiciones específicas sobre, por ejemplo, alcances y exclusiones: pueden ser beneficiarias las productoras cinematográficas, publicitarias, televisivas y las de post producción; pero no aquellas productoras pertenecientes a canales televisivos privados y las distribuidoras, entre otros actores.

 

El proyecto titulado «Régimen de Promoción de la Actividad Audiovisual», presentado desde las entrañas de la industria y junto a Proyecto Sur, propone beneficiar a la actividad en toda la Ciudad y no en una zona donde hoy se erigen las principales productoras del mercado y dos canales televisivos.

Sucede que en esa zona se encuentran empresas de porte como Pol-Ka, Ideas del Sur, Canal 2 y Canal 9 y ante la pregunta de porqué beneficiarlos, Avogadro responde que «si ya existe un conglomerado natural. ¿Porqué no incluirlos?», mientras que para los sindicatos es una respuesta endeble: «La ley es el cluster para ellos. Dicen no poder dejar afuera a los que estan justo en esa zona pero dejan afuera a los que ya se radican en otros barrios. Nosotros queremos que toda la ciudad sea un distrito audiovisual» cuestiona y propone Adrián Caiafa, secretario Gremial Adscripto de SICA.

La iniciativa que SICA apoya, además, propone que los aspirantes presenten un libre deuda que garantice una conducta impositiva y salarial, y compromisos a futuro, por ejemplo, establciendo una base mínima de producciones por año y la permanencia en el mediano plazo.

En una industria donde el 98% de las empresas son Pyme, Caiafa destaca la importancia de «segmentar para acortarar la diferencia entre las grandes y las chicas». Al respecto, el PRO señala una escala que arranca en los 20.000.000 de pesos de facturación, aunque no ahonda en compromisos.

El sector también propone crear un Fondo para la Promoción de la Actividad Audiovisual con el objetivo que el 70% del impuesto a los Ingresos Brutos de las empresas grandes regresen al sector para impulsarlo. Al cierre de esta edición, el debate parece no dudar sobre la importancia de esta herramienta aunque sin coincidir en su modo de implementación y funcionamiento.

Ignacio Rey, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de los Medios Audiovisuales (Apima) celebra los beneficios aunque «no pueden establecerse en una pequeña porción geográfica» y propone «trabajar en un proyecto de ley superador que permita desgravar, además, el IVA -que termina siendo un costo más de producción- y otros impuestos de la actividad».

Rey menciona una iniciativa pensada por la La Federación Argentina de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fapca) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que en las próximas semanas «llegará al Congreso de la Nación para su tratamiento» adelanta el representante de Apima.

 

La diversidad de las condiciones de producción y los modos organizativos que conviven en el sector es una realidad que se puso de manifiesto: mientras el cine se monta sobre la base de la precarización laboral, el de la televisión se caracteriza por contar con planta permanente. Y la diferencia no es menor.

Según el informe 2009 del Departamento de Estudios e Investigaciones de SICA (Deisica), en 2009 el la producción de largometrajes empleó 1073 técnicos, un 6,12% menos que en 2005 para los 77 estrenos nacionales, sobre un total de 279 títulos estrenados. En publicidad, la situación es similar para las 673 producciones y 922 comerciales, se emplearon 3289 técnicos, un 12,55% menos que en 2005.

Para dimensionar las diferencias, cabe pensar que una productora de cine puede funcionar en un monoambiente con tres empleados porque al momento de trabajar recurre a escenarios y locaciones diversas y porque terceriza las tareas en un racimo de profesionales que se vuelven co-rresponsables de la continuidad laboral del otro. Es el súmun de la precarización y la propuesta oficial no aclara, por ejemplo, si la excención alcanza a los monotributistas que integran la cadena productiva. Por su parte, un canal televivo cuenta con el cupo de empleados tal que que le permitan su íntegra operación.

«Esta forma de organización constituye una estrategia de flexibilización que permite establecer la casi totalidad de incertidumbre hacia la fuerza de trabajo via contrataciones temporales, intermitentes y precarias. Precariedad que se desplaza de las condiciones de empleo a las condiciones de trabajo» explica María Noel Bulloni Yaquinta en su investigación titulada «Flexibilización laboral y mecanismos informales de regulación de los mercados de trabajo», un estudio en la producción cinematográfica argentina» presentado a la Comisión en la primera sesión de noviembre.