En la Ciudad: Ordenan una tarifa social para autorizar el aumento del subte

subteLa Justicia porteña suspendió la medida cautelar que impedía aumentar el subte, pero para poder llevar el pasaje a $ 3,50 el Gobierno porteño deberá presentar una tarifa social y para eso, el juez impuso un plazo de 20 días. Desde el Ejecutivo afirmaron que la semana próxima anunciarán cómo la implementarán y desde cuándo comenzará a regir el incremento. La suba estaba frenada desde marzo por una medida cautelar.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Pablo Mántaras, ordenó “incorporar al sistema de abonos y pases especiales vigente, una tarifa o ticket social o cualquier otra medida equivalente que establezca un valor diferencial para el valor del ticket de viaje, que asegure su accesibilidad para sectores de alta vulnerabilidad social”.

Esta tarifa regirá para los que tengan planes sociales de la Ciudad o el Plan Jefes y Jefas de Hogar del Gobierno nacional, personas en situación de desempleo crónico o recurrente, aquellos con ingresos familiares por debajo de la canasta familiar que publica el INDEC y para quienes estén en situación de indigencia. También beneficiará a quienes reciben subsidios por la tragedia de Cromañón, ex combatientes de Malvinas y todos aquellos que, según las leyes porteñas, tengan necesidades especiales o en situación de alta vulnerabilidad.

El juez Mántaras le dio 20 días al Ejecutivo para que le informe sobre este cuadro tarifario, aclarando cómo lo aplicará en pases, abonos y tickets diferenciales. El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez, anticipó que la semana que viene van a anunciar cuáles serán las escalas tarifarias y de qué manera las van a implementar. Además, se mostró conforme con que exista una tarifa diferenciada, una propuesta que el propio Ejecutivo le había acercado al juez para que levantara la cautelar. “Por primera vez se incorpora la idea de una tarifa social y se empieza subsidiar directamente a la gente que lo necesita”, expresó.

Fuentes de Subterráneos de Buenos Aires ayer recordaron que actualmente los jubilados y discapacitados no pagan pasaje y que los estudiantes y los maestros acceden a abonos especiales.

En marzo, cuando fue frenado por la Justicia, desde el Gobierno porteño se sostuvo dijo que la suba era necesaria por la inflación y explicó que sólo iba a cubrir la mitad de lo que se precise para que el subte funcione y que el resto sería aportado por la Ciudad. Y señaló que esto no era suficiente para hacer obras de renovación y equipamiento. Pero el juez consideró que los elementos aportados por el Ejecutivo no alcanzaban “para determinar” si el valor de la tarifa era “justo, razonado, equitativo” y que no había una política pública que asegurara “el acceso al servicio a aquellas personas que no disponen de recursos suficientes para pagar la nueva tarifa”.

Posteriormente, el Gobierno porteño fijó la tarifa técnica del subte en $ 7,47, una cifra que surgió de dividir el costo de explotación anual del servicio, que asciende a $ 1.868 millones, por la cantidad de pasajeros que viajaron el año pasado, que fueron 250 millones. Con ese número y una propuesta de “ticket social”, hizo una presentación ante el juez para que habilitara la suba. Ahora, Mántaras lo hizo, aunque ordenó medidas adicionales para “corroborar la efectiva implementación de los programas propuestos por el demandado para establecer el ticket social y asegurar el efectivo acceso al servicio subte de los sectores más vulnerables”.

En la Ciudad: Ordenan una tarifa social para autorizar el aumento del subte

subteLa Justicia porteña suspendió la medida cautelar que impedía aumentar el subte, pero para poder llevar el pasaje a $ 3,50 el Gobierno porteño deberá presentar una tarifa social y para eso, el juez impuso un plazo de 20 días. Desde el Ejecutivo afirmaron que la semana próxima anunciarán cómo la implementarán y desde cuándo comenzará a regir el incremento. La suba estaba frenada desde marzo por una medida cautelar.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Pablo Mántaras, ordenó “incorporar al sistema de abonos y pases especiales vigente, una tarifa o ticket social o cualquier otra medida equivalente que establezca un valor diferencial para el valor del ticket de viaje, que asegure su accesibilidad para sectores de alta vulnerabilidad social”.

Esta tarifa regirá para los que tengan planes sociales de la Ciudad o el Plan Jefes y Jefas de Hogar del Gobierno nacional, personas en situación de desempleo crónico o recurrente, aquellos con ingresos familiares por debajo de la canasta familiar que publica el INDEC y para quienes estén en situación de indigencia. También beneficiará a quienes reciben subsidios por la tragedia de Cromañón, ex combatientes de Malvinas y todos aquellos que, según las leyes porteñas, tengan necesidades especiales o en situación de alta vulnerabilidad.

El juez Mántaras le dio 20 días al Ejecutivo para que le informe sobre este cuadro tarifario, aclarando cómo lo aplicará en pases, abonos y tickets diferenciales. El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez, anticipó que la semana que viene van a anunciar cuáles serán las escalas tarifarias y de qué manera las van a implementar. Además, se mostró conforme con que exista una tarifa diferenciada, una propuesta que el propio Ejecutivo le había acercado al juez para que levantara la cautelar. “Por primera vez se incorpora la idea de una tarifa social y se empieza subsidiar directamente a la gente que lo necesita”, expresó.

Fuentes de Subterráneos de Buenos Aires ayer recordaron que actualmente los jubilados y discapacitados no pagan pasaje y que los estudiantes y los maestros acceden a abonos especiales.

En marzo, cuando fue frenado por la Justicia, desde el Gobierno porteño se sostuvo dijo que la suba era necesaria por la inflación y explicó que sólo iba a cubrir la mitad de lo que se precise para que el subte funcione y que el resto sería aportado por la Ciudad. Y señaló que esto no era suficiente para hacer obras de renovación y equipamiento. Pero el juez consideró que los elementos aportados por el Ejecutivo no alcanzaban “para determinar” si el valor de la tarifa era “justo, razonado, equitativo” y que no había una política pública que asegurara “el acceso al servicio a aquellas personas que no disponen de recursos suficientes para pagar la nueva tarifa”.

Posteriormente, el Gobierno porteño fijó la tarifa técnica del subte en $ 7,47, una cifra que surgió de dividir el costo de explotación anual del servicio, que asciende a $ 1.868 millones, por la cantidad de pasajeros que viajaron el año pasado, que fueron 250 millones. Con ese número y una propuesta de “ticket social”, hizo una presentación ante el juez para que habilitara la suba. Ahora, Mántaras lo hizo, aunque ordenó medidas adicionales para “corroborar la efectiva implementación de los programas propuestos por el demandado para establecer el ticket social y asegurar el efectivo acceso al servicio subte de los sectores más vulnerables”.