El Informe sobre el estado de la Cuenca Matanza Riachuelo a 6 años del fallo de la CSNJ, elaborado por el Cuerpo Colegiado ( FARN – GREENPEACE – Asociación de Vecinos La Boca – ACDH – CELS ) instituido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación , y coordinado por Defensoría del Pueblo de la Nación detalla puntos contaminantes de la siguiente manera:
Una gestión ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo que conduzca al efectivo logro de los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población, recomponer el ambiente y prevenir daños, debe disminuir sensiblemente los impactos de las principales fuentes de contaminación (establecimientos industriales y de servicios, residuos domiciliarios y efluentes cloacales) y acrecentar el acceso a bienes y servicios que
inciden en la vulnerabilidad de la población (agua potable, saneamiento cloacal, salud y vivienda adecuada), en función de un criterio de justicia ambiental, cuyo eje sea minimizar el riesgo al que se encuentran expuestos los sectores más postergados.
En cuanto a las fuentes de contaminación, es evidente que se pusieron en marcha mecanismos de control que estuvieron paralizados durante décadas, que deben ser profundizados. Sin embargo, revertir la degradación de la cuenca requiere ir más allá y pensar en formas innovadoras de intervención. Con igual propósito, el control de la ejecución de las mandas judiciales debe desplazarse desde la supervisión de las actividades hacia la verificación de sus resultados.
En materia de contaminación de origen industrial, ACUMAR estableció un sistema de control que consiste en registrar a los establecimientos industriales, agropecuarios y de servicios ubicados en la cuenca (23.523), inspeccionarlos (19.425), determinar aquellos considerados “agentes contaminantes” (1.691), “reconvertirlos” mediante planes aprobados por el organismo (478) y, en su caso, clausurar a los que incumplan dicha obligación (331).
Si la estrategia fuera exitosa, con un 47,8% de los “agentes contaminantes” clausurados o “reconvertidos” deberían reflejarse impactos positivos en el estado del ambiente, ya que éste recibiría menos contaminación. Sin embargo, los estudios elaborados por la propia ACUMAR no muestran avances significativos en la calidad del agua y aire de la cuenca, en la mayoría de los casos. Tampoco se logró identificar a las cargas contaminantes que se emiten, disponen y vierten, discriminadas por fuente y tipo de sustancia, ni las reducciones de las mismas como consecuencia de las acciones
implementadas. En igual sentido, las intervenciones en el polo petroquímico Dock Sud5
y el predio ACUBA6 , dos sitios emblemáticos de las industrias en la cuenca, no demostraron
ser relevantes en función de un criterio ambiental que contribuya al logro de los cometidos buscados.
Es indispensable adecuar la estrategia de control, comenzando por modificar la regulación utilizada (Resoluciones ACUMAR Nº 1/2007, 2/2007, 3/2009, 278/2010 y 366/2010). También complementar las acciones, identificando a los establecimientos de control prioritario e impulsando una mejor gestión ambiental en todas las industrias de la cuenca. Conocer la capacidad de carga del río, fijar metas progresivas de reducción de los vertidos contaminantes y establecer objetivos de calidad adecuados a los fines del fallo, son tareas pendientes e indispensables. De lo contrario, podría darse la paradoja de
que aun cuando todos los establecimientos ajusten su funcionamiento a la normativa
vigente, la cuenca siga tan contaminada como antes.
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