La urbanización de Casa Amarilla

El 18 de junio de 1992, bajo la Intendencia de Carlos Grosso, la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) cedió al Club Boca Juniors 4,41 hectáreas (44.131.06 m²), a cambio del relleno total del predio propiedad de la CMV y del desarrollo de la infraestructura de servicios completa y de la pavimentación pertinente.

Según el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo, durante la misma gestión del Intendente Grosso, la empresa Almagro Construcciones SA llevó adelante un emprendimiento en una parte de los terrenos de Casa Amarilla, en la Av. Alte Brown 201/299 (frente al Hospital Argerich) por el cual levanto un gigantesco edificio sin ningún tipo de contemplación y respeto de las características edilicias de La Boca. La gigantesca armazón de concreto tiene caso 100 metros de largo, con 14 pisos y con cerca de 700 departamentos. La obra estuvo paralizada por más de 10 años, hasta que finalmente a partir del año 2006/2007 se retomó la obra y fue finalizada.

Por otro lado, durante la gestión de Fernando de la Rua como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad construyó 7 torres de 11 pisos que albergan otras 700 viviendas en lo que se conoce como Barrio Irala, en el sector de Casa Amarilla lindante a la calle Irala y Py Margal. Dichas viviendas fueron entregadas a sus adjudicatarios a partir del año 1999.

En 10 años, se asentaron en La Boca aproximadamente 5.000 nuevos habitantes, en un barrio cuya población total era de 46.694 personas en el año 2001.

Fue durante la primera gestión del Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad proyectó construir otras 1.200 viviendas más en edificios tipo monoblock en los terrenos de Casa Amarilla. Para ello convocó a la Licitación Publica N° 64/2004, 55/2004 y 72/2004, cuya apertura de sobres estaba prevista para el día 29 de diciembre de 2004.

Fue así como distintas organizaciones de La Boca , nucleadas en lo que hoy se conoce como el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo, presentaron una acción de amparo, toda vez que para la construcción de dichas viviendas no se había realizado el estudio de impacto ambiental, ni se había consultado a los vecinos mediante la convocatoria a una audiencia publica.

El juez Guillermo Treacy, titular del Juzgado N° 3 en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Expediente N° 14568 / 1 en los autos caratulados «III Republica de La Boca c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires S/ Otros procesos Incidentales», dictó una medida cautelar en la que ordenó suspender la apertura de los sobres en la licitación y con posterioridad resolvió dar lugar al amparo y determinó que no se pueden construir las viviendas hasta tanto el Instituto de la Vivienda de la Ciudad  elabore un Informe de Impacto Ambiental y cite a la realización de una Audiencia Pública.

El Gobierno de la Ciudad apeló la medida cautelar que suspendía la apertura de sobres de la Licitación , medida que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 16 de febrero de 2005, con los votos de los jueces  Nilda Mabel Daniele y Eduardo Angel Russo.

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad requirió a la Secretaria de Medio Ambiente del mismo Gobierno de la Ciudad la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto. El 14 de octubre de 2005, la Secretaria de Medio Ambiente, bajo el expediente N° 69029/MGEYA/2005, otorgó al IVC un dudoso “Certificado de Aptitud Ambiental” para reanudar la construcción de viviendas en Casa Amarilla, aunque allí se señalaba que esos terrenos no podían albergar 1200 unidades habitacionales ante la falta de infraestructura para albergar a más de 5000 nuevos vecinos.

El  13 de julio de 2006, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó a una Audiencia Publica en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, ubicado en Bartolomé Mitre 1149, fuera del barrio de La Boca y sin ninguna publicidad para que los vecinos del barrio pudieran asistir.

Paralelamente, el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de la Boca del Riachuelo presentó un proyecto alternativo para la construcción de viviendas en La Boca. En el Proyecto Alternativo, se señaló que las viviendas planificadas para Casa Amarilla no estaban asignadas a los vecinos del barrio, los cuales deberán tener prioridad por habitar la zona desde hace mucho tiempo, y por el hecho que gran parte de su población habitaba conventillos / inquilinatos en terribles condiciones de preservación. También señalaron que debía ser   redireccionado el presupuesto para las viviendas en Casa Amarilla a la construcción de edificios en la trama urbana de La Boca , con el objeto de mejorar la misma, que se hallaba muy deteriorada por falta de inversión publica y privada.

El Proyecto Alternativo aportó un listado de mas de 200 terrenos ociosos del barrio, muchos de ellos propiedad del Instituto de la Vivienda, a los efectos que puedan construirse los edificios planificados originalmente en Casa Amarilla.

La Universidad de Morón, convocada por el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca, elaboró un pormenorizado informe sobre la situación de la vivienda en el barrio de La Boca, en el cual plantean que la recuperación de la trama urbana del barrio solo podrá lograse con una activa intervención del Estado.

El Proyecto Alternativo del Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo para redireccionar la propuesta de construcción de viviendas en «Casa Amarilla» hacia la trama ya edificada de La Boca con el objetivo de preservar los terrenos citados para Espacio Verde de uso público y recuperar los inmuebles ociosos para viviendas o usos productivos, fue presentado en la Legislatura el 7 de julio de 2005, bajo el Nº 1787-P-2005, denominándoselo como «PROYECTO VECINAL ALTERNATIVO». El mismo propiciaba declarar a La Boca en EMERGENCIA URBANÍSTICA Y AMBIENTAL, para que se apliquen de manera intensiva políticas públicas que aseguren la recuperación barrial, impulsando así la integración social, la recuperación urbana y la consolidación de los espacios verdes.

La entonces legisladora Ana Suppa (Fuerza Porteña) le dio estado parlamentario al hacerlo propio, lográndose su sanción definitiva y por unanimidad el 14 de Diciembre  de 2006, luego del proceso de doble lectura.

Esta propuesta  fue sintetizada en la promulgación de la Ley N º 2.240 “De Emergencia Urbanística y Ambiental de La Boca”, la cual previó en su articulado, que los programas que el Poder Ejecutivo aplique deberán tener especialmente en cuenta la consolidación del área urbana delimitada, tendiendo a la ocupación de los inmuebles ociosos a fin de fomentar la renovación urbanística y el mejoramiento social y ambiental.

Ya en los últimos meses de la gestión de Jorge Telerman en el Gobierno de la Ciudad, el 5 de junio de 2007, se constituyó una Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental de La Boca que establecía la Ley N° 2.240. En los meses posteriores, se establecieron los lineamientos generales para la recuperación del barrio y se elaboró el primer Programa tendiente a la recuperación del entorno urbano de la Plaza Solís y de la zona que se conoce como «Barrio Chino», la que preveía la construcción de viviendas por parte del Gobierno de la Ciudad en dichas zonas.

Consecuentemente con esta idea de construir viviendas en la trama urbana del barrio, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley N° 2.351, que establecía que los adjudicatarios de las viviendas del Plan Casa Amarilla, tendrán prioridad en la adjudicación de viviendas a construir por el IVC en el barrio de La Boca en otros proyectos similares, dirigidas al mismo perfil de beneficiarios.

Con la asunción de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad el 10 de diciembre de 2007, la Unidad Ejecutora dejó de funcionar y el proyecto de viviendas populares en la trama urbana del barrio fue dejado sin efecto.

Durante el año 2008, una entidad desconocida denominada Asociación Civil Casa Amarilla, que nuclea a algunos preadjudicatarios de las viviendas planificadas para Casa Amarilla, inició una serie de acciones legales, tendientes a que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retome los proyectos de edificar torres en Casa Amarilla.

Para ello, presentó una acción judicial por mora administrativa para que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad iniciara la construcción de viviendas en Casa Amarilla. La causa fue tramitada ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 (Causa N° 29.564) a cargo del polémico magistrado Roberto Gallardo, quien el 28-05-2008 dictó una medida cautelar por la que embargó fondos del Gobierno de la Ciudad por la suma de $ 14.273.426 y ordenó que se reactiven los expedientes para la construcción de las torres.

El 03-07-2008, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo resuelve dejar si efecto la decisión del Juez Gallardo de embargar los fondos del Gobierno de la Ciudad, al entender que el magistrado se excedió en la disposición adoptada, prejuzgó y negó a la Ciudad de Buenos Aires su legítimo derecho a la defensa.

Posteriormente, el Juez Gallardo fue apartado de la causa al ser recusado por el Gobierno de la Ciudad, medida que fue avalada por la Cámara de Apelaciones respectiva.

Luego del apartamiento del Juez Gallardo, intervino el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 11 a cargo del Dr. Fernando Lima (Causa N° 30027) quien el 10-06-2009 hizo lugar a la acción de amparo promovida por la Asociación Civil Casa Amarilla y ordenó al Gobierno de la Ciudad continuar con el proyecto de construcción de un complejo habitacional en los terrenos de Casa Amarilla.

El Gobierno de la Ciudad, por aquel entonces ferviente opositor a la construcción de edificios en Casa Amarilla, apeló la medida dictada por el Juez Lima, expediente que recayó en la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2.

En el mes de octubre de 2009, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto en la Legislatura para que se lo autorice a la venta de los terrenos de Casa Amarilla, así como de otros situados mayoritariamente en el barrio de La Boca, señalando que con ello podrían reunir fondos para edificar en otras zonas de la Ciudad. Dicho proyecto generó el rechazo unánime de vecinos, organizaciones sociales y de toda la oposición política. Finalmente, el gobierno de Macri lo retiró.

Paralelamente, las asociaciones integrantes del Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo, se presentaron como terceros interesados en la causa judicial iniciada por la Asociación Civil Casa Amarilla, y peticionaron que las viviendas se construyan en la trama urbana del barrio como lo establece la Ley N° 2.240 y que se preserven los terrenos de Casa Amarilla como un espacio verde que en definitiva beneficiaría a todos.

En el año 2010, el Gobierno de la Ciudad cambió su firme oposición a la construcción de viviendas y llegó a un principio de acuerdo con la Asociación Civil Casa Amarilla para terminar con las acciones judiciales.

El acuerdo alcanzado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Asociación Civil Casa Amarilla consiste en lo siguiente: 1) Se construirían 438 viviendas en lugar de las 1200 proyectadas en 2004; 2) La Asociación Civil Casa Amarilla seleccionará a las personas que recibirán las nuevas unidades habitacionales; 3) La Asociación Civil Casa Amarilla administrará los Consorcios de los edificios a construir; 4) La Asociación Civil Casa Amarilla desistirá del reclamo que se construyan 1200 viviendas y acepta 438 en su lugar.

A través de una iniciativa del Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo, los legisladores Claudio Presman y Rubén Campos (UCR), presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para zonificar los terrenos de Casa Amarilla como parque público. Dicho proyecto fue acompañado por los legisladores Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), Adrián Camps (Proyecto Sur), y Julián D´Angelo (Partido Socialista).

En uno de sus considerándos el Proyecto expresa “ … el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de la Boca del Riachuelo, conformado por vecinos, organizaciones e instituciones de distintas ideologías, banderas políticas y estratos sociales, convergió en un punto: la necesidad de recuperar a La Boca a través de la planificación consensuada con los vecinos. Para ello elaboraron un proyecto para redireccionar la propuesta de construcción de viviendas de “Casa Amarilla” hacia la trama ya edificada de La Boca , de manera de preservar las últimas tierras disponibles para Espacio Verde de uso público y recuperar los inmuebles ociosos para vivienda o usos productivos, expandiendo la inversión pública anunciada a todo el barrio”.

Asimismo, el nuevo proyecto destacaba una iniciativa de similar tenor impulsada por el entonces Legislador del Partido Socialista Norberto Laporta, quien señalaba hace unos años que “…Sí, nos oponemos a la construcción de enormes Conjuntos Habitacionales, que signifiquen una barrera de fragmentación para el barrio y por su impacto urbano perjudiquen la calidad ambiental del área donde se encuentren implantados, con el agravante que anulan la posibilidad de crecimiento de los espacios verdes, incrementando la baja relación existente, entre aquellos y el número de habitantes. …   Las últimas tierras disponibles en el barrio de La Boca , en un sector central y con buenos accesos debe convertirse en espacio verde, por justificadas razones urbanísticas y para responder al clamor de los vecinos que merecen una mejor calidad de vida”.

Lamentablemente dicho proyecto no fue considerado en la Legislatura debido a que tanto los Legisladores del PRO (Propuesta Republicana) y el Frente para la Victoria apoyaban la construcción de viviendas en Casa Amarilla.

Paralelamente al Acuerdo suscripto entre el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Asociación Civil Casa Amarilla, y sin esperar que el Poder Judicial resolviera el conflicto planteado, el mencionado Instituto de la Vivienda (IVC) convocó a una licitación pública y seleccionó a tres empresas constructoras para la edificación de varias torres tipo monoblock, precisamente en las manzanas que se ubican en la Avenida Almirante Brown al 500 y 600 y en el terreno lindante al Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín ubicado en la calle Py Margall al 900. El llamado a licitación contempló construir 438 departamentos, los que se empezaron a construir durante julio de 2011.

Ante esta situación, el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo impugnó  el Acuerdo alcanzado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Asociación Civil Casa Amarilla, reiterando que las viviendas debían construirse en la trama urbana de La Boca y no en Casa Amarilla, y por otro lado, cuestionó que las viviendas a adjudicarse no fueran asignadas por el Instituto de la Vivienda en forma imparcial y transparente.

Lamentablemente durante 2011, Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires resolvió arbitrariamente excluir al Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo del proceso judicial en curso, y con esto dar vía libre a la construcción de viviendas en Casa Amarilla, legitimando asimismo que la asignación de los departamentos se realice en forma poco clara.

Hoy avanza la construcción de viviendas en Casa Amarilla, cuando las mismas podían haberse edificado en la trama urbana barrial, y preservado esos terrenos como un parque público atendiendo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que las grandes ciudades mantengan un mínimo de 10 a 15 m2 de espacios verdes por habitante, cuando la Ciudad de Buenos Aires solo posee 1,80 m2 por persona.

Este triste final, con la perdida de un espacio verde valiosísimo para siempre, con fondos estatales mal invertidos que podían haberse destinado a la construcción de viviendas en mayor número en la trama urbana barrial y con ello detener el progresivo deterioro de La Boca, no es más que un error permanente de cierta dirigencia política mediocre, que no sabe de planificación, de futuro ni de las verdaderas necesidades de los habitantes de la zona sur de la Ciudad.

La urbanización de Casa Amarilla

El 18 de junio de 1992, bajo la Intendencia de Carlos Grosso, la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) cedió al Club Boca Juniors 4,41 hectáreas (44.131.06 m²), a cambio del relleno total del predio propiedad de la CMV y del desarrollo de la infraestructura de servicios completa y de la pavimentación pertinente.

Según el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo, durante la misma gestión del Intendente Grosso, la empresa Almagro Construcciones SA llevó adelante un emprendimiento en una parte de los terrenos de Casa Amarilla, en la Av. Alte Brown 201/299 (frente al Hospital Argerich) por el cual levanto un gigantesco edificio sin ningún tipo de contemplación y respeto de las características edilicias de La Boca. La gigantesca armazón de concreto tiene caso 100 metros de largo, con 14 pisos y con cerca de 700 departamentos. La obra estuvo paralizada por más de 10 años, hasta que finalmente a partir del año 2006/2007 se retomó la obra y fue finalizada.

Por otro lado, durante la gestión de Fernando de la Rua como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad construyó 7 torres de 11 pisos que albergan otras 700 viviendas en lo que se conoce como Barrio Irala, en el sector de Casa Amarilla lindante a la calle Irala y Py Margal. Dichas viviendas fueron entregadas a sus adjudicatarios a partir del año 1999.

En 10 años, se asentaron en La Boca aproximadamente 5.000 nuevos habitantes, en un barrio cuya población total era de 46.694 personas en el año 2001.

Fue durante la primera gestión del Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad proyectó construir otras 1.200 viviendas más en edificios tipo monoblock en los terrenos de Casa Amarilla. Para ello convocó a la Licitación Publica N° 64/2004, 55/2004 y 72/2004, cuya apertura de sobres estaba prevista para el día 29 de diciembre de 2004.

Fue así como distintas organizaciones de La Boca , nucleadas en lo que hoy se conoce como el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo, presentaron una acción de amparo, toda vez que para la construcción de dichas viviendas no se había realizado el estudio de impacto ambiental, ni se había consultado a los vecinos mediante la convocatoria a una audiencia publica.

El juez Guillermo Treacy, titular del Juzgado N° 3 en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Expediente N° 14568 / 1 en los autos caratulados «III Republica de La Boca c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires S/ Otros procesos Incidentales», dictó una medida cautelar en la que ordenó suspender la apertura de los sobres en la licitación y con posterioridad resolvió dar lugar al amparo y determinó que no se pueden construir las viviendas hasta tanto el Instituto de la Vivienda de la Ciudad  elabore un Informe de Impacto Ambiental y cite a la realización de una Audiencia Pública.

El Gobierno de la Ciudad apeló la medida cautelar que suspendía la apertura de sobres de la Licitación , medida que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 16 de febrero de 2005, con los votos de los jueces  Nilda Mabel Daniele y Eduardo Angel Russo.

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad requirió a la Secretaria de Medio Ambiente del mismo Gobierno de la Ciudad la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto. El 14 de octubre de 2005, la Secretaria de Medio Ambiente, bajo el expediente N° 69029/MGEYA/2005, otorgó al IVC un dudoso “Certificado de Aptitud Ambiental” para reanudar la construcción de viviendas en Casa Amarilla, aunque allí se señalaba que esos terrenos no podían albergar 1200 unidades habitacionales ante la falta de infraestructura para albergar a más de 5000 nuevos vecinos.

El  13 de julio de 2006, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó a una Audiencia Publica en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, ubicado en Bartolomé Mitre 1149, fuera del barrio de La Boca y sin ninguna publicidad para que los vecinos del barrio pudieran asistir.

Paralelamente, el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de la Boca del Riachuelo presentó un proyecto alternativo para la construcción de viviendas en La Boca. En el Proyecto Alternativo, se señaló que las viviendas planificadas para Casa Amarilla no estaban asignadas a los vecinos del barrio, los cuales deberán tener prioridad por habitar la zona desde hace mucho tiempo, y por el hecho que gran parte de su población habitaba conventillos / inquilinatos en terribles condiciones de preservación. También señalaron que debía ser   redireccionado el presupuesto para las viviendas en Casa Amarilla a la construcción de edificios en la trama urbana de La Boca , con el objeto de mejorar la misma, que se hallaba muy deteriorada por falta de inversión publica y privada.

El Proyecto Alternativo aportó un listado de mas de 200 terrenos ociosos del barrio, muchos de ellos propiedad del Instituto de la Vivienda, a los efectos que puedan construirse los edificios planificados originalmente en Casa Amarilla.

La Universidad de Morón, convocada por el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca, elaboró un pormenorizado informe sobre la situación de la vivienda en el barrio de La Boca, en el cual plantean que la recuperación de la trama urbana del barrio solo podrá lograse con una activa intervención del Estado.

El Proyecto Alternativo del Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo para redireccionar la propuesta de construcción de viviendas en «Casa Amarilla» hacia la trama ya edificada de La Boca con el objetivo de preservar los terrenos citados para Espacio Verde de uso público y recuperar los inmuebles ociosos para viviendas o usos productivos, fue presentado en la Legislatura el 7 de julio de 2005, bajo el Nº 1787-P-2005, denominándoselo como «PROYECTO VECINAL ALTERNATIVO». El mismo propiciaba declarar a La Boca en EMERGENCIA URBANÍSTICA Y AMBIENTAL, para que se apliquen de manera intensiva políticas públicas que aseguren la recuperación barrial, impulsando así la integración social, la recuperación urbana y la consolidación de los espacios verdes.

La entonces legisladora Ana Suppa (Fuerza Porteña) le dio estado parlamentario al hacerlo propio, lográndose su sanción definitiva y por unanimidad el 14 de Diciembre  de 2006, luego del proceso de doble lectura.

Esta propuesta  fue sintetizada en la promulgación de la Ley N º 2.240 “De Emergencia Urbanística y Ambiental de La Boca”, la cual previó en su articulado, que los programas que el Poder Ejecutivo aplique deberán tener especialmente en cuenta la consolidación del área urbana delimitada, tendiendo a la ocupación de los inmuebles ociosos a fin de fomentar la renovación urbanística y el mejoramiento social y ambiental.

Ya en los últimos meses de la gestión de Jorge Telerman en el Gobierno de la Ciudad, el 5 de junio de 2007, se constituyó una Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental de La Boca que establecía la Ley N° 2.240. En los meses posteriores, se establecieron los lineamientos generales para la recuperación del barrio y se elaboró el primer Programa tendiente a la recuperación del entorno urbano de la Plaza Solís y de la zona que se conoce como «Barrio Chino», la que preveía la construcción de viviendas por parte del Gobierno de la Ciudad en dichas zonas.

Consecuentemente con esta idea de construir viviendas en la trama urbana del barrio, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley N° 2.351, que establecía que los adjudicatarios de las viviendas del Plan Casa Amarilla, tendrán prioridad en la adjudicación de viviendas a construir por el IVC en el barrio de La Boca en otros proyectos similares, dirigidas al mismo perfil de beneficiarios.

Con la asunción de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad el 10 de diciembre de 2007, la Unidad Ejecutora dejó de funcionar y el proyecto de viviendas populares en la trama urbana del barrio fue dejado sin efecto.

Durante el año 2008, una entidad desconocida denominada Asociación Civil Casa Amarilla, que nuclea a algunos preadjudicatarios de las viviendas planificadas para Casa Amarilla, inició una serie de acciones legales, tendientes a que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retome los proyectos de edificar torres en Casa Amarilla.

Para ello, presentó una acción judicial por mora administrativa para que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad iniciara la construcción de viviendas en Casa Amarilla. La causa fue tramitada ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 (Causa N° 29.564) a cargo del polémico magistrado Roberto Gallardo, quien el 28-05-2008 dictó una medida cautelar por la que embargó fondos del Gobierno de la Ciudad por la suma de $ 14.273.426 y ordenó que se reactiven los expedientes para la construcción de las torres.

El 03-07-2008, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo resuelve dejar si efecto la decisión del Juez Gallardo de embargar los fondos del Gobierno de la Ciudad, al entender que el magistrado se excedió en la disposición adoptada, prejuzgó y negó a la Ciudad de Buenos Aires su legítimo derecho a la defensa.

Posteriormente, el Juez Gallardo fue apartado de la causa al ser recusado por el Gobierno de la Ciudad, medida que fue avalada por la Cámara de Apelaciones respectiva.

Luego del apartamiento del Juez Gallardo, intervino el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 11 a cargo del Dr. Fernando Lima (Causa N° 30027) quien el 10-06-2009 hizo lugar a la acción de amparo promovida por la Asociación Civil Casa Amarilla y ordenó al Gobierno de la Ciudad continuar con el proyecto de construcción de un complejo habitacional en los terrenos de Casa Amarilla.

El Gobierno de la Ciudad, por aquel entonces ferviente opositor a la construcción de edificios en Casa Amarilla, apeló la medida dictada por el Juez Lima, expediente que recayó en la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2.

En el mes de octubre de 2009, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto en la Legislatura para que se lo autorice a la venta de los terrenos de Casa Amarilla, así como de otros situados mayoritariamente en el barrio de La Boca, señalando que con ello podrían reunir fondos para edificar en otras zonas de la Ciudad. Dicho proyecto generó el rechazo unánime de vecinos, organizaciones sociales y de toda la oposición política. Finalmente, el gobierno de Macri lo retiró.

Paralelamente, las asociaciones integrantes del Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo, se presentaron como terceros interesados en la causa judicial iniciada por la Asociación Civil Casa Amarilla, y peticionaron que las viviendas se construyan en la trama urbana del barrio como lo establece la Ley N° 2.240 y que se preserven los terrenos de Casa Amarilla como un espacio verde que en definitiva beneficiaría a todos.

En el año 2010, el Gobierno de la Ciudad cambió su firme oposición a la construcción de viviendas y llegó a un principio de acuerdo con la Asociación Civil Casa Amarilla para terminar con las acciones judiciales.

El acuerdo alcanzado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Asociación Civil Casa Amarilla consiste en lo siguiente: 1) Se construirían 438 viviendas en lugar de las 1200 proyectadas en 2004; 2) La Asociación Civil Casa Amarilla seleccionará a las personas que recibirán las nuevas unidades habitacionales; 3) La Asociación Civil Casa Amarilla administrará los Consorcios de los edificios a construir; 4) La Asociación Civil Casa Amarilla desistirá del reclamo que se construyan 1200 viviendas y acepta 438 en su lugar.

A través de una iniciativa del Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo, los legisladores Claudio Presman y Rubén Campos (UCR), presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para zonificar los terrenos de Casa Amarilla como parque público. Dicho proyecto fue acompañado por los legisladores Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), Adrián Camps (Proyecto Sur), y Julián D´Angelo (Partido Socialista).

En uno de sus considerándos el Proyecto expresa “ … el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de la Boca del Riachuelo, conformado por vecinos, organizaciones e instituciones de distintas ideologías, banderas políticas y estratos sociales, convergió en un punto: la necesidad de recuperar a La Boca a través de la planificación consensuada con los vecinos. Para ello elaboraron un proyecto para redireccionar la propuesta de construcción de viviendas de “Casa Amarilla” hacia la trama ya edificada de La Boca , de manera de preservar las últimas tierras disponibles para Espacio Verde de uso público y recuperar los inmuebles ociosos para vivienda o usos productivos, expandiendo la inversión pública anunciada a todo el barrio”.

Asimismo, el nuevo proyecto destacaba una iniciativa de similar tenor impulsada por el entonces Legislador del Partido Socialista Norberto Laporta, quien señalaba hace unos años que “…Sí, nos oponemos a la construcción de enormes Conjuntos Habitacionales, que signifiquen una barrera de fragmentación para el barrio y por su impacto urbano perjudiquen la calidad ambiental del área donde se encuentren implantados, con el agravante que anulan la posibilidad de crecimiento de los espacios verdes, incrementando la baja relación existente, entre aquellos y el número de habitantes. …   Las últimas tierras disponibles en el barrio de La Boca , en un sector central y con buenos accesos debe convertirse en espacio verde, por justificadas razones urbanísticas y para responder al clamor de los vecinos que merecen una mejor calidad de vida”.

Lamentablemente dicho proyecto no fue considerado en la Legislatura debido a que tanto los Legisladores del PRO (Propuesta Republicana) y el Frente para la Victoria apoyaban la construcción de viviendas en Casa Amarilla.

Paralelamente al Acuerdo suscripto entre el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Asociación Civil Casa Amarilla, y sin esperar que el Poder Judicial resolviera el conflicto planteado, el mencionado Instituto de la Vivienda (IVC) convocó a una licitación pública y seleccionó a tres empresas constructoras para la edificación de varias torres tipo monoblock, precisamente en las manzanas que se ubican en la Avenida Almirante Brown al 500 y 600 y en el terreno lindante al Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín ubicado en la calle Py Margall al 900. El llamado a licitación contempló construir 438 departamentos, los que se empezaron a construir durante julio de 2011.

Ante esta situación, el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo impugnó  el Acuerdo alcanzado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Asociación Civil Casa Amarilla, reiterando que las viviendas debían construirse en la trama urbana de La Boca y no en Casa Amarilla, y por otro lado, cuestionó que las viviendas a adjudicarse no fueran asignadas por el Instituto de la Vivienda en forma imparcial y transparente.

Lamentablemente durante 2011, Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires resolvió arbitrariamente excluir al Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo del proceso judicial en curso, y con esto dar vía libre a la construcción de viviendas en Casa Amarilla, legitimando asimismo que la asignación de los departamentos se realice en forma poco clara.

Hoy avanza la construcción de viviendas en Casa Amarilla, cuando las mismas podían haberse edificado en la trama urbana barrial, y preservado esos terrenos como un parque público atendiendo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que las grandes ciudades mantengan un mínimo de 10 a 15 m2 de espacios verdes por habitante, cuando la Ciudad de Buenos Aires solo posee 1,80 m2 por persona.

Este triste final, con la perdida de un espacio verde valiosísimo para siempre, con fondos estatales mal invertidos que podían haberse destinado a la construcción de viviendas en mayor número en la trama urbana barrial y con ello detener el progresivo deterioro de La Boca, no es más que un error permanente de cierta dirigencia política mediocre, que no sabe de planificación, de futuro ni de las verdaderas necesidades de los habitantes de la zona sur de la Ciudad.