p/ La Región.- Mucho hemos hablado en estas páginas sobre la Violencia de Género. En parte, porque estamos en contra de toda manifestación de violencia y en parte porque los ataques a mujeres por alguien de su entorno familiar se ha convertido en moneda corriente.
Mujeres violadas, golpeadas torturadas y asesinadas de las formas más sutiles y crueles, fuera de toda imaginación. Nada justifica esta cantidad de casos. Ni siquiera la preservación del vínculo de hijos pequeños con su madre atenuan tanto sadismo.
Sin contar que, en algunos casos, los niños corren la misma suerte que su progenitora.
Lo inexplicable es si esto ya sucedía y las mujeres desprotegidas no podían hacerlo público, o si es un resultado de estos tiempos en que el abuso de alcohol y drogas se ha multiplicado. De una u otra manera, esta situación debe revertirse.
La legislatura tomó conciencia de este descontrol y en la sesión del 14 de mayo fue aprobada una declaración a través de la cual la Legislatura porteña “manifiesta su mayor preocupación por los numerosos femicidios registrados en nuestro país”. Esta iniciativa de la diputada Gabriela Alegre recibió la aprobación de todos los bloques.
La Legislatura se comprometió a «llevar adelante todas las iniciativas, propuestas y acciones que le correspondan en el ámbito específico de su competencia, así como insta a hacer lo propio a todas las instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad en su conjunto. Por último, la declaración expresa la adhesión a la marcha convocada para el 3 de junio de 2015, frente al Congreso de la Nación, por el colectivo #NiUnaMenos.»
Entre los fundamentos del proyecto la legisladora citaba estudios realizados desde el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano» dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, a partir de las noticias que publican las agencias de noticias y 120 diarios, que registraron 1808 femicidios desde 2008 a 2014, con 277 casos este último año.
En la sesión del 11 de junio se dio un importante paso en esta lucha contra la violencia de género
Se otorgó rango de Ley a las resoluciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reglamentaron la creación, instrumentación y funcionamiento de las Unidades Fiscales especializadas en Violencia de género que abordan la investigación de causas judiciales por este flagelo que afecta a las mujeres. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal siguió los criterios generales de actuación recomendados por los organismos internacionales y los instrumentos de Derechos Internacional de los Derechos Humanos en la materia.
La norma sancionada con 54 votos por iniciativa del Vicepresidente I de la Legislatura, diputado, Cristian Ritondo, modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público, incorporando al texto las fiscalías especializadas en violencia de género, en consonancia con las resoluciones del Ministerio Público Fiscal.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
La Fiscalía porteña estableció Unidades de Orientación de Denuncia en múltiples puntos geográficos lo que facilita el acceso a la Justicia y permite que los justiciables denuncien en forma oral, escrita, digital o telefónica. A su vez, tiene personal capacitado para recepcionar, orientar y canalizar la denuncia.
Este sistema permite que los Fiscales puedan disponer medidas urgentes tales como ordenar la exclusión del hogar de quien haya ejercido abuso o maltrato con alguno de los miembros de su grupo familiar; prohibir el acceso de aquel que haya ejercido abuso o maltrato al domicilio que habite el damnificado a sus lugares de trabajo, estudio o recreación; prohibir a quien haya sido sindicado como autor de maltrato o abuso, que realice actos de perturbación o intimidación, directa o indirectamente, respecto a los restantes miembros del grupo familiar; ordenar el reintegro al domicilio del damnificado que hubiere tenido que salir por razones de seguridad; disponer otras medidas conducentes a garantizar la seguridad del grupo familiar.
Asimismo, cuenta con equipos interdisciplinarios de profesionales especializados en una Oficina de Asistencia a la Víctima, que interviene inmediatamente asistiéndola desde una perspectiva física, psíquica, jurídica, económica y social. El Fiscal General, a su vez, instrumenta y coordina de programas de capacitación interna del personal que interviene en estas denuncias.
Declaran de de Interés Social el Observatorio de Violencia entre y hacia lesbianas y mujeres bisexuales
El Cuerpo Parlamentario declaró de Interés Social y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el “Observatorio de Violencia entre y hacia lesbianas y mujeres bisexuales” por ser el primero en Argentina.
El observatorio, organizado por la ONG «La Fulana», está destinado a erradicar dos problemas sociales que ameritan distintos abordajes: el fenómeno de la violencia hacia lesbianas y mujeres bisexuales, y la violencia entre lesbianas y también entre mujeres bisexuales, que se manifiesta de diversas formas. Funciona como una importante herramienta para desarticular los conceptos sexistas de la estructura hegemónica y los estereotipos de roles que vamos adoptando e introduciendo como parte de nuestra vida cotidiana hasta que se convierten en nuestra propia opresión. La legisladora María Rachid es autora de la declaración.
Instituyen Semana contra la violencia hacia las mujeres
La «Semana de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres», que se llevará a cabo del 25 de noviembre al 1° de diciembre de cada año, fue establecida mediante la sanción de una ley en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La norma que se aprobó con texto consensuado tiene por objetivos «intensificar las acciones que desarrollan habitualmente los organismos del sector público de la ciudad para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres».
La ley dispone que durante esa semana se realicen actividades y campañas de difusión sobre la problemática tales como jornadas educativas, seminarios y difusión de datos estadísticos. La iniciativa fue de la diputada Gabriela Cerruti.
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